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 Diccionario de Filosofía Latinoamerican

 AUTONOMÍA

 

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 Raíces etimológicas: auto nomo: darme mi propia ley. La autonomía es siempre un planteamiento político. Se trata de la autodeterminación de los pueblos no a nivel internacional sino a nivel nacional. Así surge el concepto de Autonomía entre los pueblos indios, quienes han ido demandando en las diversas regiones de América Latina autonomías internas; es decir, que no son un Estado; están de apuestos al estado etnocrático (R. Stavenhagen) o contra la llamada “patria del criollo” (Severo Martínez Peláez).

            Se relaciona con el indigenismo, en el sentido de que éste es por definición negador de la autonomía indígena; por definición, implica control, implica paternalismo, implica autoritarismo. La autonomía por el contrario, implica el reverso, lo contrario al indigenismo. La autonomía implica desechar el indigenismo como teoría y como práctica; implica asumir una nueva forma en la que el indio es el verdadero protagonista de su propia situación y por eso autonomía no sólo implica autogobierno, sino otros elementos (Díaz Polanco, 1995).

            Anteriormente se pensaba que la autonomía, así entendida, era un invento de los intelectuales. Pero no. La autonomía era algo que se encontraba contenida en forma no articulada en los objetivos de las luchas indígenas. Se trataba de descubrirla. Estaba ahí (Díaz Polanco, 1991).

            Los pueblos indios encuentran el fundamento político de sus derechos históricos en la autonomía; es decir, el régimen político que les permita autogobernarse con autonomía política, económica y cultural. La condición para la realización de la autonomía es la cancelación del Estado excluyente y, al mismo tiempo, la edificación de uno nuevo, descentralizado, democrático, incluyente y respetuoso de la pluralidad. Por otra parte, el autogobierno les permitiría manejar sus asuntos y, al mismo tiempo, participar en las decisiones nacionales que les atañen.

            Los postulados de la autonomía, en breve síntesis, son: que el régimen de autonomía no es una fórmula mágica ni promesa de privilegio para unos en perjuicio de otros, es tan sólo la solución que una sociedad puede adoptar en un momento de su desarrollo concreto para resolver el conflicto étnico-nacional. La autonomía en sí misma se refiere a un régimen especial, que configura un gobierno propio (autogobierno) para ciertas comunidades integrantes, las cuales escogen así autoridades que son parte de la colectividad, ejercen competencias legalmente atribuidas y tienen facultades mínimas para legislar acerca de su vida interna y para la administración de sus asuntos. La autonomía sintetiza y articula políticamente el conjunto de reivindicaciones que plantean los grupos étnicos. En tal virtud, puede decirse que la autonomía es la demanda madre de esos conglomerados. Sus rasgos específicos estarán determinados, de una parte por la naturaleza histórica de la colectividad que la ejercerá, en tanto que ésta será el sujeto social; y de otra, por el carácter sociopolítico del régimen estatal nacional en que cobrará existencia institucional y práctica, en suma, el grado de autogobierno trae reconocido, en su despliegue concreto que dependerá en gran medida de la orientación política y el sistema democrático vigentes. En ese sentido, sólo en las sociedades en donde ha surgido y se ha desarrollado un proceso democrático las regiones autonómicas han funcionado; y allí donde la sociedad nacional ha experimentado un proceso antidemocrático o de reversión democrática, el régimen autonómico se ha malogrado o no ha funcionado. Para Díaz Polanco el proceso autonómico tiene tres puntos básicos: 1) Resulta de un pacto entre la sociedad nacional (cuya representación asume el Estado-nación) y los grupos socioculturales que reclaman el reconocimiento de sus particulares derechos históricos. Este acuerdo se construye a lo largo de un complejo proceso. 2) El proceso autonómico, pues, tiene lugar durante un lapso relativamente prolongado que varía de un país a otro. En rigor, el proceso autonómico no concluye con el establecimiento legal de los gobiernos autónomos, sino que se prolonga durante su fase de consolidación y ajuste en el marco de la estructura política administrativa. 3) Se requiere cubrir ciertos requisitos que resultan pasos previos a la aprobación del régimen de autonomía por los órganos legislativos de los respectivos países. Con ello se logra que las poblaciones se identifiquen con su correspondiente sistema de autonomía, considerándolo no una mera concesión sino una conquista. Esto es, el fruto de un tratado entre partes iguales y libres. Éste es un punto fundamental: la autonomía no puede ser el producto de una decisión unilateral o de una imposición, especialmente por parte de los gobiernos. Por su parte, Luis Villoro, prestigiado analista de las políticas indigenistas, considera que el Estado moderno nace a la vez del reconocimiento de la autonomía de los individuos y de la represión de las comunidades o etnias a las que los individuos pertenecen. Villoro (1996) propone que cualquier asociación, si es libremente concertada, supone el reconocimiento de los otros como sujetos, lo cual incluye: 1) respeto a la vida del otro; 2) la aceptación de su autonomía, en el doble sentido de capacidad de elección conforme a sus propios valores y facultad de ejercer esa elección; 3) la aceptación de una igualdad de condiciones en el diálogo que conduzca al convenio, lo cual incluye el reconocimiento por cada quien de que los otros pueden guiar sus decisiones por los fines y valores que les son propios; 4) por último, para que se den esas circunstancias, es necesario la ausencia de toda coacción entre las partes (Villoro, 1994: 41-48). El debate sobre estas cuestiones se inició en las reuniones de Barbados (1971 y 1976) y de UNESCO (San José de Costa Rica), siendo uno de sus impulsores más importantes Rodolfo Stavenhagen (1988, 1989, 1992), quien participó en las discusiones de Ginebra de la OIT. Allí propuso su aporte teórico sobre el etnodesarrollo, como un modelo posible de desarrollo alternativo, surge de una crítica a las teorías del desarrollo económico prácticamente hegemónicas en el mundo moderno; profundamente perversas cuando son aplicables en determinadas situaciones del llamado Tercer Mundo, notoriamente en aquéllas en las que se involucran los pueblos indígenas.

 

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            (Véase: Indigenismo, Políticas indigenistas, Pueblos indios).

 

(JMSM)